Dictan primera condena en Chile por responsabilidad de persona jurídica

Fallo. “Representa un hito para la Fiscalía y en general para la comunidad jurídica y se ha logrado gracias al apoyo de diversas instituciones, especialmente de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, del Consejo de Defensa del Estado y la Policía de Investigaciones”, destacó el fiscal jefe de Talca, Patricio Caroca.
Talca. Tras meses de intensa investigación en donde se realizaron diversos peritajes y tomas de declaraciones, finalmente la Fiscalía presentó acusación en juicio abreviado.
Lo anterior en contra del actuario del Segundo Juzgado del Crimen de Talca, Rodolfo Sarría Tejada, por el delito de cohecho y falsificación de instrumento público; contra el estudiante de derecho, Jaime Rojas San Martín, por los delitos de cohecho, falsificación y uso malicioso de instrumento público y hurto de expediente; del gerente de la empresa Salmones Colbún Ltda. Pablo Iracheta Parot, por los delitos imputados son cohecho, uso malicioso de instrumento público, usurpación de aguas y obstrucción a la investigación.
Finalmente a los hermanos José y Miguel Iracheta Cartes, ambos dueños y representantes legales de las empresas Salmones Colbún Ltda. y de la sociedad Agrícola Mecanizada Ltda., se les acusó por los delitos de cohecho, falsificación y uso malicioso de documento público, usurpación de aguas y por la nueva figura legal de responsabilidad penal de persona jurídica, debido a que todos los delitos cometidos iban en directo beneficio de las empresas con el fin de aumentar su patrimonio a través de la inscripción de aguas en el Conservador de Bienes Raíces de la capital maulina por medio de 10 sentencias falsas.

Apoyo
“Después de nueve meses de una compleja investigación, hoy (ayer) se ha dictado la primera condena en Chile respecto de una persona jurídica, especialmente respecto de empresas, lo que representa un hito para la Fiscalía y en general para la comunidad jurídica”, afirmó el fiscal jefe de Talca, Patricio Caroca, quien junto al fiscal Francisco Ávila dirigieron la investigación y finalmente la acusación en contra de estas cinco personas.
“Esto se ha logrado gracias al apoyo de diversas instituciones, especialmente de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, del Consejo de Defensa del Estado, la Policía de Investigaciones y otros servicios que han colaborado para lograr esta condena. Esta condena nos llama a dar una señal potente al empresariado para que se adopten medidas de prevención para que este tipo de delitos no se cometan y especialmente para que los dueños, representantes y empleados de cada empresa puedan adoptar una conducta acorde con los modelos de prevención que establece la ley”, añadió Caroca.

Veredicto condenatorio
Luego de tres horas de audiencia, en donde junto a la Fiscalía intervinieron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Asociación de Canalistas del Río Claro, además de las defensas privadas de los cinco acusados, el magistrado Humberto Paiva, tras valorar las pruebas presentadas y acogiendo los argumentos de la Fiscalía, dictó veredicto condenatorio en contra de cada uno de los imputados.
Las penas solicitadas por la Fiscalía en relación al delito por responsabilidad de personas jurídica en contra de los hermanos Iracheta Cartes, son el pago de una multa de 500 UTM, es decir, 20 millones de pesos, la pérdida de beneficios fiscales por el término de 3 años y la publicación en el diario El Mercurio de la sentencia en su contra.

12 de agosto
En tanto las penas solicitadas como personas naturales en contra de los cinco acusados son de cinco años de presidio menor en su grado máximo, reconociéndoles a todos ellos su irreprochable conducta anterior y la colaboración en todas las etapas de investigación de esta causa.
A lo anterior se le deben sumar multas por 20 UTM por el delito de usurpación de aguas y 3 millones por el delito de cohecho que deberán pagar cada uno los hermanos José y Miguel Iracheta Cartes, al igual que Pablo Iracheta Parot.
En tanto a Rodolfo Sarria y Jaime Rojas se le suma el pago de tres millones de pesos cada uno y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos u oficios públicos.
Finalmente el tribunal dispuso que la lectura de la sentencia será el día lunes 12 de agosto a las 15.30 horas.

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