Ceresita: Cuando salpica la pintura

El caso Ceresita terminó el 30 de abril pasado con un histórico acuerdo para compensar a los vecinos de Recoleta con obras por 2,5 millones de dólares. Un capítulo emblemático que tiene a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica como telón de fondo. Por Fernando Vega / Fotos: Verónica Ortíz
Lo que comenzó como una denuncia por presuntas coimas, terminó con el descubrimiento de una verdadera red de corrupción que operaba en la comuna de Recoleta y que involucró incluso a la reconocida fabricante de pinturas Ceresita.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte, una ejecutiva de la firma habría pagado 20 millones de pesos a Carlos Reyes, director de obras de esa comuna, a cambio de una autorización para operar en la zona.
La fiscal Macarena Cañas, a cargo del caso, llegó a la fábrica de pinturas tras seguir la huella de los dineros recibidos por Reyes, quien fue denunciado por comerciantes y empresarios de la comuna por exigir dinero a cambio de permisos municipales.
En noviembre de 2011, Fernando López, dueño del restaurante peruano “El otro sitio”, acusó a Reyes de estarle pidiendo 35 millones de pesos por regularizar la construcción del local, bajo la amenaza de demolerlo. A él se sumó el empresario Bishara Mukarker, quien grabó una conversación en la que Reyes le pedía diez millones de pesos para sanear la ampliación de una de sus tiendas en Patronato.
En el mundo legal sostienen que este acuerdo reparatorio se convirtió en un caso histórico. Sus datos deberán entregarse para caso de estudio.
En su indagación, la persecutora descubrió que varios meses antes, María Cristina Vargas, gerenta de Recursos Humanos de Ceresita, había acudido al director de obras –actualmente en prisión preventiva– para que la firma pudiera seguir operando en la zona, pese a que las actividades industriales sólo estaban permitidas fuera del anillo de Américo Vespucio.
“A partir de junio de 2011, Ceresita S.A., a través de su gerente de recursos humanos de la época, sostuvo reuniones y comunicaciones telefónicas con Carlos Reyes, tendientes a obtener una autorización provisional de funcionamiento y patente comercial para la planta de propiedad de Ceresita”, dice la fiscal.
Añade que ante la demora en la tramitación de esos permisos, Reyes le sugirió a la empleada que contratara la asesoría de una empresa externa: le recomendó hablar con Mercedes Contreras, de la firma Carpe Diem.
El 21 de diciembre de 2011, Ceresita siguió el consejo de contactar a esa sociedad y dos días después, Carlos Reyes emitió las autorizaciones municipales. En enero, el entonces director de obras recibió 11 millones de pesos de parte de Carpe Diem. “María Cristina Vargas cometió el delito en interés directo e inmediato de Ceresita, toda vez que el acuerdo a que arribó con Reyes y los pagos en dicho contexto efectuados, tenían por objeto que Ceresita S.A. pudiera mantener su planta de Recoleta en funcionamiento, a pesar de no contar con certificado de recepción final de obras, ni autorización sanitaria pertinente de la Seremi de Salud, ni patente comercial, y en circunstancias que el plan regulador de la comuna de Recoleta prohíbe el giro de industria en la zona en que se encuentra el inmueble, entre otras irregularidades”, sostiene la fiscal.
La versión de la empresa es otra: que los ejecutivos de la compañía fueron engañados. A través de un comunicado, la firma aseveró que abusando de su investidura de funcionario público, Reyes les recomendó maliciosamente contratar a Carpe Diem, “compañía que ahora sabemos era controlada indirectamente por el señor Reyes”, señaló la firma.
Añadió como prueba de su inocencia que los pagos efectuados a Carpe Diem fueron con cheque y contra factura. “Como empresa no teníamos cómo saber que detrás de esta fachada el señor Reyes tenía montado, avalado por terceros, un negocio fraudulento, con el que sorprendió a varias empresas de la comuna”, dice en el texto y sostiene que la empresa se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales que correspondan “en contra de los verdaderos responsables”.

Los primeros
En abril de 2012, Reyes fue formalizado por cohecho y falsificación ideológica de instrumento público. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva hasta que la medida le fue otorgada. Reyes se dio a la fuga y tras 40 días se entregó.
Entre medio, hubo un allanamiento en la planta de pinturas, se incautaron computadores en busca de pruebas, numerosas personas fueron interrogadas y se decidió pedir la formalización de la compañía. En ese momento, el caso se transformó en emblemático, pues constituyó uno de los más grandes operativos efectuado a una empresa –que además es conocida– desde que entró en vigencia la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Justo el día anterior, en Arica, había tenido lugar la primera imputación de cargos criminales contra una empresa privada tras formalizar por el delito de cohecho a Asevertrans Ltda., por haberse beneficiado ante la comisión de cohecho para ampliar un contrato suyo con el municipio de esa comuna.
Decidida a colaborar, Ceresita inició una negociación con la Fiscalía que acabó la mañana del 30 de abril pasado con la suspensión condicional del procedimiento: la empresa de pinturas no enfrentará cargos a cambio de implementar una serie de medidas en beneficio de la comunidad de Recoleta. En total, diez compromisos valorados en 2,5 millones de dólares; el mayor acuerdo reparatorio registrado desde que comenzó a regir el nuevo sistema procesal penal. Un hito que en el mundo legal califican de "histórico".
“Esto no es un pago para no seguir con un juicio, ni una obligación de dar. La empresa llegó a un acuerdo en orden a someterse a una serie de condiciones que son extraordinariamente exigentes, porque de alguna manera durante todo el tiempo en que no cumplió con la norma, causó un perjuicio en la calidad de vida de los vecinos”, subraya la fiscal Cañas.

Hasta un cartel
Según el acuerdo, cuyas condiciones contaron con el respaldo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la firma no sólo deberá irse de esa comuna y demoler las instalaciones cuestionadas. Además, tendrá que donar seis mil metros cuadrados de los terrenos que ocupaba para convertirlos en un parque de alto nivel, el cual contará con cancha de fútbol, paseos peatonales, senderos, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, césped, flores, iluminación, y además se interconectará con otras plazas cercanas. Para ello, la firma contrató la asesoría de la Fundación Mi Parque que se especializa en la recuperación de áreas verdes, sobre todo en zonas vulnerables.
También pintará las fachadas del sector –con Látex Exterior y con cinco opciones de colores para que elijan los vecinos– y equipará todos los consultorios de la comuna con insumos para enfermedades respiratorias.
A eso se suma la apertura de los antecedentes de la investigación para que sean utilizados con fines académicos y, por si fuera poco, la firma instalará un letrero de cobre y madera de 2 metros por 1,50 metro con la leyenda “Este parque se dona a beneficio de la comunidad de Recoleta por parte de la empresa Industrias Ceresita S.A., en cumplimiento al acuerdo celebrado con fecha 30 de abril del año 2013 con la Fiscalía Regional Centro Norte y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.393”.
En todo caso, antes del acuerdo, la compañía ya había comenzado su traslado. Y al cierre de esta edición también tenía listo el análisis de los suelos para la futura instalación del parque, requisito exigido en el documento pues se presume que debido a los químicos de la pintura, la tierra podría estar contaminada.
Pero las medidas no sólo se tomaron hacia la comunidad. Según la abogada de la firma, Catherine Lathrop, la empresa está implementando el modelo de prevención de delitos o compliance que establece la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a través de una capacitación a todos los empleados de la compañía a lo largo de Chile.
Con todo, la profesional asegura que el acuerdo al que llegó Ceresita con la Fiscalía no implica necesariamente un reconocimiento de su responsabilidad en los hechos que se le imputaron. “El directorio entendió que la negligencia y el descuido con que habrían actuado los ejecutivos y que, por lo demás, no entregaron dinero directamente a Reyes sino que a una empresa que ellos no sabían que le pertenecía, debe traducirse en compensar las molestias que los vecinos habían sufrido por una parte y en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Recoleta. Aquí hay un concepto de responsabilidad social empresarial”, afirmó.
La fiscal Cañas, por supuesto, tiene otra visión. “La comisión del delito fue consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica imputada, esto es, Ceresita S.A., toda vez que esta sociedad no adoptó ni implementó, con anterioridad a los hechos, un modelo de prevención de delitos en los términos de la misma ley, ni contó con mecanismos para prevenir la conducta de soborno antes descrita”. O sea no tenía un modelo de compliance funcionando. •••

Acostúmbrese
Desde su promulgación en 2009, la ley 20.393 sólo se había aplicado para casos de lavado de activos, pero nunca por cohecho. Y actualmente, la Fiscalía Oriente persigue por esa figura legal a los rectores de las universidades Pedro de Valdivia, SEK y del Mar, en la investigación por los sobornos que recibió el ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, a cambio de otorgar la acreditación a esas instituciones.
Este cuerpo legal fue aprobado para el ingreso del país a la OCDE y tiene como fin prevenir los delitos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos a través de sanciones que van desde unos 800 millones de pesos hasta la disolución total de la personalidad jurídica de las entidades ya sea con o sin fines de lucro, privadas o estatales.
Por ese motivo es que cada vez son más las empresas e instituciones que implementan modelos de prevención de futuras infracciones o compliance, los que actúan como una especie de seguro de vida para demostrar que tomaron resguardos ante eventuales delitos.
Según Matías Balmaceda, socio del estudio BCP, el caso de La Polar fue uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa. “Las empresas han ido comprendiendo la relevancia de esto. Inicialmente les parecía muy raro esto de que la persona jurídica tuviera responsabilidad penal, quizás acostumbrados a que se radicara simplemente en el autor de los hechos, y no subiera hacia las autoridades de la misma. Ahora en particular a raíz de casos emblemáticos tanto nacionales (Ceresita, CNA) e internacionales (Siemens) han logrado dimensionar que hoy ya es una realidad”, explicita.
De acuerdo con cifras del mercado, a la fecha más de 150 empresas han implementado sus modelos de prevención de delitos, especialmente del sector financiero. Según la gerenta comercial de BH Compliance, Susana Sierra, lo anterior se debe a que las compañías del sector ya cuentan con un marco de control para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Además, el año pasado la Bolsa de Comercio de Santiago exigió a todos sus corredores tener un Modelo de Prevención de Delitos debidamente certificado al 5 de enero del 2013, lo cual aceleró los procesos de certificación”.

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